Encontrar operarios para manejar las cosechadoras es uno de los principales problemas de las empresas de servicios.

Un número amplio de agricultores desarrollan trabajos para sus vecinos de forma irregular y en clara competencia desleal, aprovechándose de una normativa confusa y anticuada de ‘trabajos de buena vecindad’, animándose a comprar equipos y maquinaria que no corresponden con sus necesidades y con el tamaño de sus explotaciones, para la que reciben ayudas muy cuantiosas de fondos públicos a los que las empresas de servicios no pueden acceder. Todo ello esta distorsionando el mercado de los servicios agrícolas, con consecuencias graves para muchas empresas de servicios, que afectan a la demanda y a la fijación de precios, y dificultan con frecuencia la planificación de inversiones y la formación de plantillas estables y bien cualificadas por parte de esas empresas.

Al igual que en otros sectores, sobre todo los que trabajan fuera de entornos urbanos, las empresas de servicios agrícolas de maquinaria tienen muchas dificultades para encontrar personal estable y suficientemente formado en todas las zonas y actividades. Algunos factores diferenciales como la estacionalidad, la ‘movilidad’ de los centros de trabajo, o la necesidad de una formación específica para manejar equipos complejos y costosos, hacen que sea aún más difícil que en otras ocupaciones cubrir los puestos de trabajo que quedan vacantes o que sería necesario crear para atender la demanda. Compiten con cierta desigualdad en la demanda laboral global, y, aunque la tecnología pueda reducir muchas necesidades de mano de obra dentro de estas empresas en el medio o largo plazo, a corto plazo tienen un problema grave que está obligando a muchas de ellas a reducir su ámbito de mercado, limitándose a mantener la actividad que sus titulares puedan gestionar, y descartando opciones de expansión y crecimiento. Las empresas hacen importantes esfuerzos económicos y de reorganización interna, para ofrecer empleos que puedan ser atractivos desde un punto de vista salarial y de calidad de vida, pero hay circunstancias intrínsecas a las tareas y los calendarios a cubrir que no se pueden modificar, y tampoco existe un programa público de formación que oriente y cualifique a los jóvenes para incorporarse a estas profesiones.      

Una parte importante de las empresas de servicios de maquinaria están desapareciendo o se mantienen estancadas por un simple problema generacional, ante la falta de relevo para quienes las promovieron hace 30, 40 ó 50 años. El rechazo o falta de motivación entre las generaciones jóvenes por este tipo de actividad, sumado a la incertidumbre que el modelo de negocio impulsado por los progenitores presenta, hace que muchos de los integrantes de estas segundas o terceras generaciones que ahora deberían tomar el relevo prefieran otras salidas, abocando a muchas de esas empresas a una parálisis inversora y de planificación y condenándolas a una decadencia paulatina que acabará con su desaparición en el corto o medio plazo. Este colectivo vive un periodo de incertidumbre e inestabilidad que se ha arreciado en la última década, y quizá esto acabe creando oportunidades de crecimiento y expansión para las empresas que sobrevivan, e incluso propicie acuerdos de colaboración, fusiones o absorciones entre algunas de ellas, que den lugar a la aparición de un nuevo tipo de empresas de servicios agrícolas de maquinaria y de un modelo de negocio diferente, pero desde el sector se plantea que sería conveniente que el proceso fuera tutelado y apoyado desde las administraciones públicas con líneas de apoyo y medidas normativas, como en otras áreas del sector agropecuario.   

Un número importante de las empresas de servicios no tienen relevo generacional y trabajan con la perspectiva de cierre a corto o medio plazo. 

Muchas de las empresas de servicios agrícolas de maquinaria tienen dificultades para trasladar al mercado los incrementos de costes que se producen en su trabajo, lo que reduce sus beneficios e incluso les obliga a trabajar a pérdidas en algunos momentos para mantener la actividad y asegurar la continuidad de los clientes. La falta de dinamismo de este mercado y la singularidad de los agricultores como clientes, que alegan con frecuencia la falta de rentabilidad en algunos cultivos, especialmente los cereales y otras producciones de secano, obliga a mantener los precios congelados. A ello contribuye también la costumbre de no documentar las relaciones en muchos casos, y la competencia desleal o el intrusismo de empresas no legalizadas que consiguen unos costes más bajos y distorsionan el mercado.

El parque de maquinaria en España está bastante envejecido y las empresas de servicios no son una excepción. La situación es diferente según las zonas, los cultivos o el tamaño de las empresas, pero la tónica general es que las máquinas estén en uso durante más de 10 o 15 años, lo que contraviene las recomendaciones de los expertos. Muchas de ellas se reponen además con equipos de segunda mano que llegan de otros países europeos o de EEU. El parque más envejecido es el de las cosechadoras de cereal y algodón, estimándose que más de la mitad de las que están en uso tienen ya más de 15 años de antigüedad. Los equipos de recolección de viñedo, olivar, remolacha o frutos secos son en general más nuevos, porque son de tecnología más reciente y se han adquirido durante la última década.

Ese envejecimiento del parque de máquinas compromete en muchos casos la eficiencia, la seguridad y la rentabilidad de los trabajos, incrementando los costes y provocando un impacto medioambiental negativo.

Las causas que explican esa lenta renovación de las máquinas son fundamentalmente económicas, por la dificultad creciente para amortizarlas, dada el reducido número de horas que trabajan, el alto coste que han alcanzado los equipos durante los últimos años, y el bajo precio que se paga por los servicios prestados.

La transformación digital en la que están inmersos todos los sectores productivos, impacta de lleno en el caso de la agricultura y, por supuesto, en el de las empresas de servicios agrícolas de maquinaria, que se enfrenta a un doble reto: digitalizar sus sistemas de trabajo, para optimizar el uso de sus recursos y plantillas, y conseguir que los agricultores se convenzan de que los servicios digitales que incorporan (captación y gestión de datos fundamentalmente) resultan útiles para la gestión eficiente de las explotaciones y suponen un coste y un valor añadido que deben compensar en el precio que pagan por sus labores a estas empresas de servicios. Una tarea que no siempre es fácil, y que con frecuencia supone una contradicción en la dinámica de funcionamiento de estas empresas, porque tienen que adquirir y amortizar equipos que incluyen esas prestaciones digitales, y tienen también que buscar personal cualificado o formarlo para utilizar las nuevas funciones, pero no consiguen repercutir los incrementos de los costes que todo ello genera. La única vía de salida en muchos casos es que toda esa digitalización sea un factor de eficiencia interna, que les permita organizar mejor sus calendarios de trabajo y reducir los consumos de energía y otros suministros, u optimizar los cuadrantes del personal, para compensar al menos en parte con esa rebaja de costes los gastos extra realizados. La única esperanza está en que los agricultores se mentalicen cuanto antes de las ventajas que les puede reportar toda la información que se genera en el desarrollo de esas tareas, sobre todo las de recolección, con la creación de mapas de rendimientos precisos y correctamente geolocalizados. La implantación prevista del Cuaderno de Campo Digital a partir del próximo año podría ayudar a avanzar en esos cambios que necesita el mercado.

Para muchas empresas de servicios es difícil conseguir que los agricultores valoren y paguen los datos que se generan en el proceso de recolección.

La ordenación administrativa y competencial española, con la distribución de las competencias relacionadas con la actividad agraria y las prevenciones medioambientales entre las diferentes comunidades autónomas, está provocando una regulación dispersa y diferenciada, difícilmente justificable en la mayoría de las ocasiones, dada la similitud de las circunstancias en las que se trabaja, y la existencia de una normativa común de la Unión Europea. En los últimos veinte años, sin embargo, han proliferado las normas autonómicas de protección ambiental del territorio, la flora o la fauna, así como las de prevención y gestión de incendios que fijan unas condiciones de trabajo, unos calendarios y un régimen de inspección y sanciones que no solo obliga a conocerlo, con el galimatías de casuísticas que implica, sino que a menudo entra en contradicciones o disfunciones que impiden o retardan el trabajo de empresas que actúan en comunidades autónomas diferentes a lo largo de la campaña.

La complejidad del trabajo de las empresas de servicios agrícolas de maquinaria y la problemática creciente que rodea a su actividad, sobre todo en lo que se refiere a los problemas de responsabilidad civil relacionada con el medio ambiente o la seguridad alimentaria, está haciendo cada día más complicado encontrar empresas que asuman los riesgos y les ofrezcan coberturas suficientes y bien planificadas, en condiciones económicas asumibles. La dispersión con la que se trabaja en el sector, con un bajo nivel de asociacionismo, dificulta las posibilidades de negociar soluciones adecuadas para esta problemática, que es una preocupación cada vez mayor para los responsables de muchas de estas empresas.

La aparición de un nuevo modelo de producción agrícola basado en la creación de grandes explotaciones promovidas por capital externo al sector agro, especialmente en los cultivos de alto valor, y el papel creciente que la industria agroalimentaria está asumiendo en la planificación y contratación de los trabajos agrícolas, están dibujando un nuevo modelo de producción alejado de la agricultura familiar, que tiene un peso cada vez mayor en la producción total agropecuaria, y que influye de forma significativa también en el trabajo de las empresas de servicios agrícolas en general y de las de maquinaria en particular, porque son pieza una clave para el funcionamiento de este modelo y en ocasiones son incluso el cauce que utiliza la industria alimentaria para relacionarse con grupos concretos de productores. Ese nuevo escenario, sin embargo, no siempre es favorable para las empresas de servicios, porque plantea una relación más desigual en la que la parte que contrata es más grande y tiene más fuerza para imponer condiciones más duras, tanto en el trabajo como en el precio, sobre todo porque las empresas de servicios siguen muy atomizadas. Por otra parte, este nuevo mercado también tiene algunas connotaciones positivas para las empresas de servicios, porque les garantiza un mercado más ordenado, un trabajo mucho mejor organizado, una competencia más sana y ajena a la competencia desleal o el intrusismo, y una seguridad en el trabajo futuro que permite afrontar con garantías las inversiones y la organización de plantillas.

La desunión y la falta de coordinación en el trabajo de las empresas de servicios es un lastre que no se ha resuelto, pese a las iniciativas puestas en marcha en distintas zonas, desde hace varias décadas. Existen varias asociaciones que agrupan en su totalidad apenas mil empresas de servicios y que tienen una implantación mayor en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Sin embargo, la mayoría de las empresas ‘van por libre’ y nos están adscritas a ninguna de ellas, lo que debilita su posicionamiento en el mercado y les resta capacidad de interlocución con el resto de los actores del mundo agropecuario, de otros sectores económicos, y muy especialmente de las propias administraciones públicas, que no tienen interlocutores con fuerza a los que tengan que prestar atención por su capacidad de presión, o que les sirvan de correa de transmisión para intentar captar sus inquietudes y trasladar sus propuestas y planes de actuación.  

Las industrias de procesado, como en el caso del tomate, organizan y controlan el trabajo de las empresas de servicios en las parcelas de sus proveedores.